En
uno de sus libros, “Un millón de gotas”, el escritor de novela policiaca Víctor
del Árbol entremezcla un argumento actual, el de la trata de blancas y la
prostitución infantil, con el pasado de algunos de sus protagonistas, un pasado
duro, trágico, en las estepas de la Rusia soviética. La tragedia de Nazino, en
la que esos personajes lograron salvar sus vidas a costa de perder su propia
integridad como personas, existió realmente, a pesar de que no son muchos los
que la conocen; probablemente, si los verdugos hubieran sido nazis y no los
comunistas de la URSS, esa losa en la historia de la humanidad sería mucho más
conocida por el conjunto de la sociedad. Se trata de una tragedia real, una
deportación en masa en la que llegaron a perder la vida alrededor de cuatro mil
personas, las dos terceras partes de los prisioneros que fueron enviados allí
por el Politburó soviético, muchos de ellos, la mayoría, acusados sólo de delitos
políticos. Los hechos ocurrieron en 1933, y tuvieron lugar en la isla de
Nazino, en la Siberia occidental, a unos ochocientos kilómetros de la ciudad de
Tomsk, en la confluencia de los ríos Ob y Nazina. Actualmente es conocida como
la isla de la muerte, o la isla de los caníbales, sobrenombres ambos que por sí
mismo son suficientemente reveladores de lo que sucedió allí en los años
previos a la Segunda Guerra Mundial, durante la dictadura stalinista. Quien
desee profundizar más en este doloroso asunto, del que prefieren olvidarse los
defensores de la actual Ley de Memoria Histórica, sólo tienen que hacer una
rápida búsqueda en internet, pulsando en el buscador la palabra “Nazino”. En
pocos segundos, tendrá ante sus ojos la realidad histórica de todos esos
crímenes. Un resumen de poco más de seis minutos de dirección se puede ver en el siguiente video de YouTube:
Por
el contrario, la Segunda República española fue un régimen revolucionario y, en
muchos momentos, un régimen cercano incluso al totalitarismo, como se demostró
cuando los partidos de derecha lograron alcanzar el poder. En 1934, las
izquierdas revolucionarias, que eran prácticamente todas las izquierdas del
espectro político, incluido también el partido socialista, ese mismo partido
que ahora nos pretende dar a todos los españoles sus lecciones de democracia,
se pusieron a la cabeza de la llamada “Revolución de Octubre” con el fin de
acabar con el régimen legalmente constituido en las urnas. Y una vez aprendida
la lección, dos años más tarde, en 1936, no tuvieron problemas en agitar las
nuevas elecciones que habían sido convocadas con el fin de recuperar el poder.
Sólo hay que leer algunas de las manifestaciones públicas de sus dirigentes
para darse uno cuenta de hasta qué punto ello fue así.
Afirmar
que en España también hubo un Nazino sería, desde luego, una exageración; y sin
embargo, sí es cierto que en nuestro país también existieron los campos de
concentración, o los campos de trabajo, como entonces lo llamaban
eufemísticamente. Como el de Albatera, en la provincia de Alicante, que no había
sido inaugurado por los vencedores de Franco una vez terminada la guerra, como
algunos creen, sino que fue inaugurado algún tiempo antes, en octubre de 1937,
por el ministro de justicia del gobierno republicano, el nacionalista vasco
Manuel de Irujo. Sobre este lugar, y sobre el resto de los campos de
concentración que los republicanos estaban creando entonces en distintos puntos
de España, el que en ese momento era director de prisiones, el socialista
Vicente Sol, manifestó lo siguiente: “Por decreto de 26 de diciembre de
1936, se crearon los campos de trabajo, que significaron una noble innovación
en el régimen penitenciario español, haciendo que el recluso se gane con su
esfuerzo lo que cuesta sostener al Estado, y se reivindique por el único
sistema que puede tener un hombre para hacerlo, es decir, por medio del
trabajo… Dentro de diez o quince días, habrá allí dos o tres mil hombres
trabajando.”
¿Qué
pensaría el lector si alguien pretendiera defender los campos de concentración
de la Alemania nazi con estas mismas palabras? Y sin embargo, también de esta
forma algunos partidarios del régimen de Hitler hicieron alguna vez algo
parecido. Porque estos campos de concentración como el de Albatera estaban
pensados para albergar en su interior a los presos que eran condenados por los
Tribunales Especiales Populares, que estaban caracterizados por la escasa o
nula garantía que presentaban para los procesados, y habían sido creados para
juzgar delitos de rebelión, sedición y desafección al régimen, delitos en sí
mismos puramente ideológicos, y por lo tanto, escasamente democráticos, en una
ya poco democrática Segunda República. Una ley, la de la creación de estos
centros, por otra parte, que fue firmada por el propio Manuel Azaña, presidente
de la República, y por el socialista Francisco Largo Caballero, como presidente
del Consejo de Ministros. Y si bien es cierto que en ese momento ya había
estallado la Guerra Civil, y que por ello podía ponerse como escusa la
situación bélica en la que en ese momento se encontraba el país, lo cierto es
que la persecución contra los partidarios de las derechas y contra los
supuestos “enemigos del régimen”, una categoría en la que podía entrar, y de
hecho entraba, cualquier persona que no fuera un abierto defensor de los
partidos de izquierda, había empezado ya desde mucho tiempo antes.
En
la sociedad actual está permitido criticar al régimen nazi, y eso es lógico y
bueno; pero no está permitido criticar al régimen comunista, causante a lo
largo de la historia de tantos crímenes como el nazismo, y eso no está tan
bien. No se trata, en realidad, de poner más muertos en la balanza, pues los
dos son regímenes totalitarios, y cuentan con millones de muertos a sus
espaldas. Stalin no fue un verso suelto, un apéndice trágico y cruel, pero
único, del comunismo, y sólo hace falta hacer un repaso rápido por la historia
del siglo XX para comprobarlo. Sólo durante los primeros meses de la revolución
soviética fueron ejecutadas más personas en el país de los zares que durante
los dos o tres siglos anteriores. En China, la revolución cultural de Mao
Zedong, no tan cultural como oficialmente se pretendió, llevó al presidio o la
muerte a varios millones de personas, llevando a cabo también algunas masacres
tan dolorosas y cruentas como las de Katyn y Nazino (masacre de Guangxi,
incidente de Mongolia interior,…) En Camboya, los Jemeres Rojos de Pol Pot
protagonizaron uno de los más cruentos genocidios en el continente asiático,
con una cifra de muertos que oscila, según las fuentes, entre un millón y medio
y tres millones de personas. Y en el continente americano, en países como Cuba
o Nicaragua, los regímenes comunistas de Castro o de Ortega también han
protagonizado en los últimos cincuenta o sesenta años la muerte o la huida del
país de millones de opositores al régimen.
También
en España, en los años previos al estallido de la Guerra Civil y durante todo
el conflicto bélico, también fueron muchos los ejecutados, directamente por el
gobierno republicano en muchos casos, o por los mili8cianos anarquistas,
comunistas y socialistas en otras ocasiones. Y todo aquello se hizo en
connivencia con el gobierno soviético, porque en España, Alexander Orlov, ya
incluso desde antes de la Guerra Civil se había convertido en los ojos y los
oídos del propio Stalin, y gracias a él, no se movía una hoja de un árbol en el
gobierno de la república sin que el partido de Moscú no lo supiera.
Todos estos
sucesos son, es verdad, producto del pasado, aunque de un pasado muy cercano,
tan cercano como los que se pretende juzgar con la nueva Ley de Memoria Democrática;
algunos de ellos incluso más que los que sucedieron en España, y que se
pretenden todavía juzgar por la nueva ley. Pero incluso en pleno siglo XXI, el
propio Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez en el régimen comunista
venezolano, tan admirado por los dirigentes neocomunistas españoles como Pablo
Iglesias, Pablo Echenique o Íñigo Errejón, ha sido acusado por la Organización
de Naciones Unidad de crímen de lesa humanidad. La acusación es muy reciente,
tan reciente como que está fechada en este mismo mes de septiembre. Entre otros
asuntos, el informe correspondiente, realizado por un equipo que estaba dirigido
por la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidente de la Misión Internacional
Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela,
informó de más de cuatrocientas ejecuciones extrajudiciales constatadas, así
como de multitud de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, con
empleo de tortura, y tratos crueles ,realizados a los “enemigos del régimen”
desde el año 2014 hasta la actualidad.
Y mientras
tanto, ¿qué pasa con la gran cantidad de crímenes de la banda terrorista ETA
que hoy en día siguen sin resolver? Para solucionar el problema se creó una
fiscalía especial, que sin embargo todavía no ha resuelto ni siquiera un solo caso
¿Inoperancia de dicha fiscalía, u órdenes desde el propio gobierno socialista? Pero
lo peor de la nueva ley que se pretende aprobar no es eso; no es el dividir a
la sociedad en buenos y malos dependiendo del polo, positivo o negativo, o del
lado del espectro de la sociedad a la que cada uno pertenezca. Lo peor es que
se crea, además, un nuevo espacio para la censura, al querer dar al gobierno
las prerrogativas de poder decidir en todo momento lo que puede o no puede ser
publicado, al poder vincularse ello con un posible delito de apología del
fascismo. De esta manera, se coarta la labor de los periodistas y de los
historiadores, que ya no podrán recuperar esa parte del pasado que pudiera ser
crítica con el pensamiento único comunista. Muchos expertos en derecho
constitucional han manifestado su oposición a la nueva ley, que consideran
anticonstitucional. Po ello, hay que afirmar con Roberto Blanco, catedrático de
la materia en la Universidad de Santiago de Compostela, que “el gobierno no
está para reescribir libros de historia; eso corresponde a los historiadores.”
Finalmente, hay
que destacar que la ley, además, es una crítica abierta a nuestra transición
democrática, una transición que, por otra parte, ha sido puesta como ejemplo para
otros procesos políticos similares en muchas partes del mundo. Hace sólo unos
días, Juan Eslava Galán, en un artículo publicado en ABC, es muy clarificador de
lo que la ley pretende, y respecto a su papel como crítica de la transición, dice
lo siguiente: ”La Ley de la Memoria Democrática con la que ahora nos
obsequian pretende ampliar el objetivo para que la Ley de Memoria Histórica
zapateril no se limite a la Guerra Civil y la dictadura, sino que «ponga en
valor la historia democrática del país». Bajo la nueva ocurrencia se intenta
anular la concordia a la que fuerzas de izquierda y derecha llegaron en 1978 y
refundar nuestra democracia sobre nuevas bases, a saber: que aquello no está
olvidado y que la derecha actual sigue arrastrando, como Caín, el estigma de su
fratricidio esa mancha indeleble heredada del franquismo.”[1]
[1] El
artículo fue publicado el 23 de septiembre de2020 en la Tercera de ABC. Para acceder
a su lectura completa, puede pinchar en el siguiente enlace: https://www.abc.es/opinion/abci-juan-eslava-galan-conejos-y-conejas-iriarte-202009222254_noticia.html.
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