¿Al servicio de quién? La gran pregunta de “Don't Fuck the Police”

 Hay libros que uno termina y guarda en la estantería. Y hay otros que, una vez cerrados, obligan a mirar de otra manera las noticias de cada día. “Don't Fuck the Police”, de Josema Vallejo y Samuel Vázquez, pertenece a esta segunda categoría. No es únicamente un ensayo sobre delincuencia. Estos fueron desencadenados por el juicio de los policías que habían golpeado brutalmente a Rodney King, un ciudadano negro, con abundantes antecedentes policiales. Fue criminología o seguridad ciudadana. Es, sobre todo, una reflexión sobre una cuestión que afecta al corazón mismo de cualquier Estado democrático. Esta cuestión es si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben responder siempre y únicamente a la ley y al interés general. ¿O al servicio de quién debe estar la policía?

 

La historia no es únicamente el relato de lo que ocurrió, sino también una herramienta para comprender lo que está ocurriendo. Cada generación vuelve la vista al pasado en busca de respuestas para interpretar los desafíos de su propio tiempo, porque los hechos históricos adquieren nuevos significados a la luz de las preguntas que plantea el presente. De ahí el desarrollo de la llamada Historia del Tiempo Presente, una corriente historiográfica que estudia acontecimientos cuyos protagonistas, consecuencias e incluso debates siguen vivos en la sociedad. Lejos de limitarse a describir el pasado inmediato, pretende ofrecer las claves necesarias para comprender la realidad contemporánea. Es precisamente en ese ámbito donde puede situarse el libro “Don't Fuck the Police”. No se trata de un libro de historia propiamente dicho, pero es, sin duda, un testimonio de una época e incluso una interpretación de uno de los cruciales debates de nuestro tiempo: la relación entre el poder, la seguridad y la libertad en las democracias del siglo XXI. Quizá dentro de unas décadas sea leído no solo como un ensayo sobre el modelo policial español, sino también como un documento que refleja las inquietudes, tensiones y controversias de una sociedad en un momento concreto de su evolución histórica.

La autoridad con la que los autores del libro, Josema Vallejo y Samuel Vázquez, abordan este debate no nace únicamente de la reflexión teórica, sino de una larga experiencia profesional sobre el terreno. Josema Vallejo, cabo primero de la Guardia Civil, especialista en Información y Tráfico, trabajador social y autor de diversos estudios sobre seguridad y delincuencia, aporta la visión de quien ha desarrollado buena parte de su carrera en el Instituto Armado. Samuel Vázquez, policía nacional durante años en los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) del sur de Madrid y graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca, ha dedicado una parte significativa de su trayectoria al estudio comparado de los modelos policiales y de las nuevas formas de criminalidad. Juntos impulsan la asociación “Una Policía para el Siglo XXI”, un foro integrado por profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que propone una profunda reflexión sobre el futuro de la seguridad pública en España. Esa doble condición —la experiencia práctica de quienes han conocido de primera mano la realidad de las calles y el análisis criminológico de los nuevos desafíos del delito— confiere a “Don't Fuck the Police” una perspectiva singular. Esto convierte la obra en algo más que un ensayo de opinión: en una llamada a debatir qué modelo de policía necesita una democracia del siglo XXI.

El gran interrogante que recorre “Don't Fuck the Police” puede formularse de manera sencilla, pero encierra una enorme complejidad: ¿Está la policía española preparada para afrontar los desafíos de la delincuencia del siglo XXI y responder a las transformaciones de una sociedad cada vez más compleja? Para Josema Vallejo y Samuel Vázquez, la respuesta es que el crimen ha evolucionado a una velocidad superior a la de las instituciones encargadas de combatirlo. La globalización, el crimen organizado transnacional, la ciberdelincuencia, la multirreincidencia, las bandas juveniles, la trata de seres humanos o las nuevas formas de violencia exigen herramientas, estrategias y modelos policiales diferentes de los concebidos hace décadas. Esta es la cuestión central del libro. No se trata de discutir si España necesita más o menos policía, sino de preguntarse si dispone de una policía organizada, formada y orientada para proteger eficazmente a los ciudadanos frente a amenazas que ya no se parecen a las del pasado. A partir de esa pregunta, los autores desarrollan una reflexión más amplia sobre el papel que deben desempeñar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en una democracia. También abordan el riesgo de que pierdan de vista su verdadera misión: servir a la ley y a los ciudadanos antes que a cualquier poder político.

Quizá, sin embargo, la pregunta deba formularse de otro modo. No parece razonable dudar de la preparación, la profesionalidad o la capacidad de adaptación de quienes cada día patrullan nuestras calles, investigan delitos o se enfrentan a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. Los hombres y mujeres que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han demostrado sobradamente su competencia y su compromiso con el servicio público. La verdadera cuestión es otra: ¿Están preparados los protocolos, las estructuras organizativas, la legislación y el propio modelo policial para responder a los desafíos del siglo XXI? Tal vez sea ahí donde resida el verdadero problema. Porque una policía moderna no depende únicamente de la excelencia de sus profesionales, sino también de que dispongan de normas, procedimientos, medios y estrategias acordes con una delincuencia que ha cambiado profundamente. En definitiva, quizá no sean los policías quienes hayan quedado atrás, sino parte del sistema desde el que se les exige afrontar una realidad completamente nueva.

Los autores responden a esa pregunta distinguiendo dos modelos radicalmente distintos de entender la función policial. Dos formas de ejercer la autoridad que no solo condicionan el funcionamiento de los cuerpos de seguridad, sino también la calidad de la democracia. La primera es la policía al servicio del ciudadano. Es la policía que existe para proteger a las personas, garantizar el cumplimiento de la ley y defender los derechos y libertades de todos, con independencia de quién ocupe el poder. Su lealtad no pertenece a un gobierno, ni a un partido político, ni a una ideología. Su único compromiso es con el Estado de derecho. En este modelo, la autoridad del policía nace de la ley y encuentra en ella también sus límites. Su misión consiste en prevenir el delito, perseguir a quienes lo cometen y ofrecer seguridad a la sociedad, actuando siempre con profesionalidad, imparcialidad y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico.

Frente a ese ideal democrático, Vallejo y Vázquez describen un segundo modelo mucho más inquietante. Esta cuestión es si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben responder siempre y únicamente a la ley y al interés general. O la policía al servicio del poder. Su discurso puede incluir policías que operan fuera de la ley o agentes policiales ilegales y órdenes ilícitas. El fenómeno puede ser mucho más sutil y, precisamente por ello, más peligroso. Se produce cuando las prioridades policiales empiezan a verse condicionadas por intereses políticos. También ocurre cuando determinadas actuaciones se impulsan o se frenan por razones ajenas a criterios estrictamente profesionales. También ocurre cuando las estadísticas criminales se convierten en instrumentos de propaganda. Además, ocurre cuando determinadas actuaciones se impulsan o se frenan por razones ajenas a criterios estrictamente profesionales; cuando las estadísticas criminales se convierten en instrumentos de propaganda, o cuando los mandos perciben que determinadas decisiones pueden tener consecuencias políticas antes que jurídicas. En ese momento —advierten los autores— la policía comienza a alejarse del ciudadano para aproximarse al poder.

Es una reflexión incómoda, pero profundamente necesaria. Porque la independencia de jueces, fiscales o tribunales ocupa habitualmente un lugar central en el debate público, mientras que la independencia profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recibe mucha menos atención. Sin embargo, resulta igualmente esencial para la salud de una democracia.

Con independencia de la valoración jurídica del episodio, su interés trasciende el caso concreto, porque reproduce casi de forma literal el debate que plantean Josema Vallejo y Samuel Vázquez en “Don't Fuck the Police”. Para muchos observadores. Estos fueron desencadenados por el juicio de los policías que habían golpeado brutalmente a Rodney King, un ciudadano negro, con abundantes antecedentes policiales. La actuación atribuida al teniente general Luis del Castillo reflejaría el riesgo de una policía cuyos mandos terminan subordinando determinadas decisiones institucionales a criterios de oportunidad política. El general Fernando Mora creía que su asistencia a un evento oficial era parte de su deber de ser neutral y servir a la institución, sin importar quién estuviera al mando del evento. Esta actitud, que su presencia en un acto oficial respondía al principio de neutralidad y al servicio de la institución, con independencia de quién presidiera el acto, ha sido interpretada por otros como el ejemplo de una policía cuya lealtad se dirige exclusivamente al cumplimiento de sus obligaciones institucionales. Precisamente porque existen interpretaciones contrapuestas, el episodio ha servido para reabrir una cuestión que va mucho más allá de las personas implicadas. Esta cuestión es si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben responder siempre y únicamente a la ley y al interés general. O si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben responder siempre y únicamente a la ley y al interés general, o si, por el contrario, existe el riesgo de que determinadas decisiones puedan verse condicionadas por intereses políticos coyunturales. Esa es, en el fondo, la pregunta fundamental que recorre todo el libro.

Por otra parte, el propio título del libro constituye ya toda una declaración de intenciones. “Don't Fuck the Police” es una referencia deliberada a una canción que en su momento llevó a convertirse en una especie de himno para determinados grupos sociales: "Fuck tha Police", publicada en 1988 por el grupo estadounidense N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes), cuyos principales integrantes eran Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren y DJ Yella. Escrita fundamentalmente por Ice Cube y MC Ren, aquella composición se convirtió en uno de los himnos más controvertidos de la historia del rap. Su durísima denuncia de los abusos policiales en los barrios afroamericanos provocó la reacción del FBI, fue censurada por numerosas emisoras y terminó convirtiéndose en un símbolo de la confrontación entre una parte de la sociedad estadounidense y las fuerzas del orden.

La canción adquirió una dimensión aún mayor tras los disturbios de Los Ángeles de 1992, desencadenados por el juicio de los policías que habían golpeado brutalmente a Rodney King, un ciudadano negro, con abundantes antecedentes policiales, que fue detenido después de una larga persecución, en la que estuvo a punto de provocar varios accidentes de tráfico, y a la que se resistió de manera violenta. Durante varios días, la ciudad quedó sumida en una espiral de violencia, que causó más de sesenta muertos, miles de heridos y pérdidas millonarias. En aquel contexto, “Fuck tha Police” dejó de ser simplemente una canción para convertirse en el emblema de una generación que denunciaba el racismo institucional y la brutalidad policial. Más de tres décadas después, continúa siendo un referente cultural y político, citado con frecuencia cada vez que en Estados Unidos resurgen los debates sobre el uso de la fuerza, la discriminación racial o movimientos como Black Lives Matter.

Josema Vallejo y Samuel Vázquez juegan deliberadamente con esa referencia. Sin embargo, lo hacen para invertir completamente su significado. Si la canción de N.W.A. expresaba la desconfianza de una parte de la sociedad hacia la policía, “Don't Fuck the Police” lanza un mensaje diferente: el problema no es la existencia de la policía, sino qué clase de policía queremos. Los autores sostienen que una democracia necesita unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fuertes, profesionales e independientes, pero advierten de que su legitimidad solo puede mantenerse si permanecen siempre al servicio de la ley y de los ciudadanos, y nunca de intereses políticos. En ese juego de palabras reside buena parte de la fuerza del título, y de la tesis que vertebra toda la obra.

No corresponde a este artículo responder esa cuestión ni emitir juicios sobre actuaciones concretas. Para eso están los tribunales y los procedimientos establecidos. Sin embargo, sí resulta evidente que episodios de esta naturaleza alimentan un debate que el libro de Vallejo y Vázquez ya planteaba con enorme claridad: la necesidad de preservar la absoluta neutralidad institucional de quienes tienen encomendada la protección de todos los ciudadanos. Y esa neutralidad no constituye un privilegio corporativo de la policía. Es una garantía para la sociedad. Cuando un ciudadano llama a un agente porque necesita ayuda, no pregunta a quién vota ni qué gobierno ha nombrado a sus superiores. Espera, sencillamente, que quien acude lo haga porque la ley así lo exige y porque su obligación es protegerle. Esa es la esencia de una policía democrática.

Los acontecimientos vividos recientemente en el seno de la Guardia Civil han devuelto este debate al primer plano de la actualidad. La publicación de las grabaciones de la conversación mantenida entre el teniente general Luis del Castillo, entonces jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil y número dos del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, y el general de división Fernando Mora Moret, jefe de la Zona de Madrid, permitió conocer cómo este último recibió la orden de no asistir al acto institucional del Dos de Mayo. Este evento fue organizado por la Comunidad de Madrid y presidido por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La conversación, que se hizo pública meses después, generó una gran polémica política y mediática. Esta controversia se intensificó cuando el general Mora presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo, que finalmente fue archivada porque el tribunal no encontró suficiente relevancia penal en los hechos.

Por eso la gran tesis de ·”Don't Fuck the Police”, trasciende con mucho el ámbito de la seguridad ciudadana. Los autores sostienen que una democracia sólida no puede permitirse una policía identificada con el gobierno de turno. Necesita una policía identificada únicamente con la ley.

Puede cambiar el color político de los ejecutivos. Pueden modificarse las mayorías parlamentarias. Pueden sucederse gobiernos de distinta orientación. Pero la policía debe permanecer exactamente donde siempre ha estado: al lado del ciudadano y bajo el imperio de la ley. Esa es la verdadera diferencia entre un Estado de derecho y un Estado en el que las instituciones terminan convirtiéndose en herramientas del poder.

Quizá por eso el mayor mérito del libro de Josema Vallejo y Samuel Vázquez no sea denunciar determinados problemas del modelo policial español, sino recordar una verdad tan sencilla como decisiva: la policía no pertenece a los gobiernos; pertenece al Estado. Y el Estado, en una democracia, pertenece a los ciudadanos. Conviene no olvidarlo. Porque la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por las leyes que aprueba, sino también por la independencia con la que sus instituciones las hacen cumplir.

“Don't Fuck the Police” no agotó, sin embargo, la reflexión de Josema Vallejo y Samuel Vázquez. Dos años después, los autores volvieron sobre algunas de aquellas preocupaciones en “España, zona de confort criminal”, publicado en 2024, un libro que puede considerarse la prolongación y, al mismo tiempo, la ampliación de las tesis del primero. Si en “Don't Fuck the Police” la pregunta fundamental era qué modelo policial tenemos y a quién debe servir la policía, en esta nueva obra el interrogante resulta todavía más inquietante: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Vallejo y Vázquez amplían ahora el objetivo para analizar no solo las deficiencias del sistema policial, sino también un entorno político, judicial, administrativo y social que, según ellos, está permitiendo que España se convierta en una auténtica «zona de confort» para determinadas formas de criminalidad. Mafias internacionales, narcotráfico, tráfico de personas, bandas organizadas y nuevas manifestaciones de violencia aparecen como síntomas de un problema mucho más profundo. Y así, ambos libros terminan confluyendo en una misma advertencia: de poco sirve contar con excelentes profesionales si los obligamos a enfrentarse a la delincuencia del siglo XXI mediante estructuras, protocolos y respuestas concebidos para otro tiempo. La seguridad, recuerdan Vallejo y Vázquez, no debería ser una cuestión de izquierdas o de derechas, sino una de las obligaciones esenciales del Estado. Y ese Estado solo podrá cumplirla si dispone de una policía moderna, profesional e independiente, al servicio de la ley y del ciudadano, nunca del gobierno de turno.

Ambos libros enlazan en una misma realidad: nuestras ciudades, y no solo en España, se han venido degradando en las últimas décadas, hasta el punto de que resulta ya muy difícil revertir la situación. Cada vez hay más barrios “no go”, en los que ya ni siquiera la policía se atreve a entrar. Otros países europeos nos llevan ventaja en ello, pero la situación en Madrid y, sobre todo, en Barcelona —especialmente después de la etapa de Ada Colau al frente de su Ayuntamiento—, está ya próxima a la de ciudades como París, Ámsterdam o Bruselas, con barrios enteros colapsados por la llegada de una inmigración descontrolada. Por ello, quiero cerrar este artículo con una cita sacada del libro:

"En la última década del siglo XX había cierto consenso entre los sociólogos y trabajadores sociales acerca de que los jóvenes de segunda y tercera generación, así como los que venían de terceros países, habían abandonado parte de su cultura, sobre todo religiosa, para adoptar las formas de una juventud europea interesada en lo material. Coches, zapatillas y mujeres, por ese orden, eran las prioridades de una masa de adolescentes y adultos que empezaba su ascenso social. La pérdida de los valores originales no fue sustituida por los nuevos conceptos morales que encontraron en la sociedad de acogida. Acudían menos o nada a la mezquita, pero fue esa falta de identidad espiritual la que, con la llegada del nuevo milenio y con la emergencia de las nuevas tecnologías, encontró el campo abonado con miles de jóvenes desarraigados o desorientados, que fueron radicalizados y llamados a la yihad en sus propias casas a través de la web y las redes sociales. Ahora miraban de nuevo a La Meca, pero con una mirada fundamentalista y violenta.”

Y más tarde continúan: “Desde hace algunos años observamos las mismas dinámicas en determinadas zonas de nuestro país. Una inmigración descontrolada, una juventud sin futuro y un exceso de políticas sociales mal entendidas, con derechos y sin obligaciones, de procesos de integración, asimilación y aculturación que no funcionan si no son bidireccionales. Como allí, no es cuestión de subsidios y programas, es cuestión de educación en valores que sí han funcionado —los nuestros—, y que han llevado a la civilización occidental, con sus muchos defectos, a ser más libre y próspera que ha conocido la historia. Al menos hasta nuestro tiempo, aunque incluso eso empieza a estar en discusión ahora. En realidad, en cuestión de tolerancia cero con aquellos que discuten, niegan y vulneran nuestros derechos y libertades fundamentales para imponer su idea del mundo. No se trata de no aceptar al diferente. ¡Todo lo contrario! Se trata de darle la bienvenida a una mejor sociedad entregándole el manual de instrucciones, la guía de buenas prácticas. Debe quedarle claro que es él quien ha huido de un modelo fracasado, y que si quiere quedarse en el nuestro, donde es bien recibido y donde se le va a ayudar a que su vida sea feliz y plena, tiene que ser él quien procure hacer el esfuerzo máximo de integración sin imponer su modo fallido de sociedad al resto. Cualquier costumbre y tradición es aceptable aquí siempre que cumpla los preceptos básicos de nuestra vida en sociedad: respeto absoluto por la Constitución y las leyes, y por encima de ellas no está nada de lo que otros pueden traer. No obstante, aquí juega un papel importante, como siempre, la política y los nichos de votos que pueden suponer ciertas personas de determinados países de origen, por lo que toda cuestión relativa al respeto de leyes y normas pasará a un segundo plano si el regidor de turno cree que en ese grupo de población dispondrá de un caladero abundante de votos. Lo que no ha funcionado en el resto de los países de nuestro Viejo Continente no funcionará aquí. Ellos ya se han dado cuenta, y más pronto que tarde, conforme la situación devenga insostenible, comenzaremos a ver un giro hacia políticas más restrictivas que, rápidamente, serán tachadas por la oposición de ultraderechistas”.

La cita es, lo reconozco, densa, pero absolutamente reveladora de lo que está pasando. Solo quiero decir, para concluir, que el libro fue publicado en el año 2022. En los cuatro años que han pasado desde entonces, el texto no solo no ha perdido actualidad, sino que muchos de sus vaticinios se están cumpliendo ahora mismo.

El podcast de Clio: POLICÍA Y DCEMOCRACIA. ENTRE EL PODER Y LA LEY