El 24 de septiembre de
1810, en la isla gaditana de León, actual ciudad de San Fernando, se reunieron
las primeras Cortes modernas españolas, es decir, las primeras en las que ya no
estaban representados por sí mismos, como en las antiguas Cortes de los Austrias,
los viejos estamentos sociales. Cortes que tienen un antecedente, aunque en
este caso para la España ocupada, en las que se reunieron en la ciudad francesa
de Bayona por Joaquín Murat, duque de Berg, a instancias del propio Napoleón,
para proceder a la redacción de un estatuto que diera visos de legalidad a las
abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, abdicaciones que habían dejado el
país en manos del emperador, y por designación suya, en las de su hermano José
I. A las Cortes de Bayona, celebradas en 1808, la ciudad de Cuenca también
habían mandado a su representante, en la persona de Vicente Castillo Álvarez de
Toledo, que era doctor en ambos derechos por la universidad de Alcalá de
Henares, ganadero rico y alcalde de la cuadrilla de la Mesta por el partido
conquense. Así lo demuestra el poder que fue firmado en su nombre el 28 de mayo
de ese año, otorgado ante el escribano Pablo Ramón Ramírez por las personas que
estaban en ese momento al frente del concejo municipal: Román Gundín de
Figueroa como corregidor; los regidores Francisco de Paula Castillo Haro, que
era señor de las villas de Hortizuela y El Palmero, Ignacio Rodríguez de
Fonseca, Santiago Antelo y Coronel, Ignacio Esteban Romero y Andrés María
Cerdán, y el procurador síndico y personero del común, Pascual de Lope[1].
La situación había
cambiado dos años después, el 15 de febrero de 1810. Al menos, lo suficiente
para que la junta provincial de defensa de Cuenca, que en la ciudad se había
creado como en todas las ciudades del reino, para proceder a la defensa contra
las tropas francesas de ocupación, pudieran nombrar a Guillermo Hualde, miembro
de la propia junta y chantre de la catedral, “para que en su nombre y representación pase inmediatamente y sin
pérdida de un momento, a elevar y poner las representaciones y recursos de
qualquier género que sean necesarios a la propia Suprema Junta Central
Gubernativa del Reyno, ante qualesquier tribunal supremo que sea necesario, o
bien a las Cortes mismas de la Nación legalmente congregadas, suplicando por
todas las vías de reclamación que tengan lugar, la representación de esta Junta
Superior de Provincia.”[2].
Un nuevo poder en este mismo sentido sería suscrito unos días más tarde, el
26 de febrero[3].
Sin embargo, hay que dejar constancia de que en este caso no se trata del
nombramiento de un diputado a Cortes, sino de un representante de la junta ante
la propia regencia del Reino y ante las decisiones que deberían tomar las
propias cortes que pudieran afectar a la provincia de Cuenca.
Promulgación de las Cortes de Cádiz
Salvador Vinagra
Museo de las Cortes de Cádiz
La junta conquense estaba
formada, además de por el propio Hualde, por las siguientes personas: Luis
Alejandro Procopio de Bassencour Dupiere, caballero de la orden de Montesa,
mariscal de campo y jefe del regimiento de Guardias Valonas, comandante general
político de la ciudad, como presidente; Ramón Falcón y Salcedo, obispo de
Cuenca; Ramón María de Lleopart, alcalde del crimen de la Chancillería de
Granada y corregidor de la ciudad; Félix Bargado, comisario de los reales
ejércitos y administrador general de rentas de la provincia; León José Tenajas,
caballero de la orden de Carlos III y deán del cabildo catedralicio; Francisco
Manuel de Parada y Sandoval, miembro de una importante familia nobiliaria
oriunda de Huete; Bernabé Antonio Grande, abogado de los Reales Consejos y
miembro del claustro de la universidad de Alcalá; Andrés Núñez de Haro; y el
procurador síndico y personero del común de la ciudad, Vicente López Salcedo.
A las Cortes debían
acudir seis representantes por la provincia de Cuenca, más otros dos que
acudirían respectivamente representando al ayuntamiento de la ciudad y a la
junta de defensa local. Por esas mismas fechas, el ayuntamiento en pleno se
había reunido para nombrar a su propio representante ante las Cortes, por lo
que el 24 de febrero, sus miembros se presentaron ante el mismo notario, Pablo
Ramón Ramírez, para extender el consiguiente poder en favor de su representante,
esta vez en la figura de Antonio García Gómez, abogado de los Reales Consejos,
que había acudido al sorteo como elector del pueblo. Y es que la elección se debía
realizar mediante un sorteo, en el que también participaban uno de sus
regidores, Santiago Antelo y Coronel y el propio Vicente López Salcedo, como personero
del común[4].
También la junta tuvo que
proceder a nombrar de la misma forma a su diputado en Cortes, eligiendo por
sorteo a un representante en una terna anteriormente nombrada para ello: “Se había procedido por los individuos de la
junta a la elección de las tres personas que debían entrar en el sorteo bajo
las reglas prevenidas en la instrucción, y resultaron en las tres votaciones
haber reunido más de la mitad de los votos los señores Ilustrísimo Señor Don
Ramón Falcón de Salcedo, obispo de esta ciudad y diócesis, don Juan Antonio
Rodrigálvarez, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III,
arcediano titular de esta santa iglesia catedral, y don Ramón María de
Lleopart, del consejo de Su Majestad, alcalde hordinario del crimen de la Real
Chancillería de Granada y corregidor de esta ciudad y partido. Y habiéndose
extrahido la cédula del que había de ser diputado a Cortes por esta Junta
Superior de los tres que se pusieron con los nombres de dichos señores, resultó
estar en ella escrito el nombre del señor don Ramón María de Lleopart, según
resulta del acta estendida y celebrada en el día quince del presente mes de
febrero y año de mil ochocientos diez.”[5]
Y por lo que respecta a
los diputados de la provincia, para nombrar a dichos representantes se habían
reunido a principios del mes de febrero en las salas consistoriales, esto es,
en el propio ayuntamiento de la ciudad, los diferentes electores de la
provincia. Estos eran, por el partido de Cuenca, los ya citados Luis Alejandro
de Bassencour, Ramón María de Lleopart, Ramón Falcón y Salcedo, Félix Bargado,
Guillermo Hualde, Juan José Tenajas y Bernabé Antonio Grande, además de Miguel
Villar y Solera, fiscal del tribunal de la Inquisición, y Dionisio Enríquez de
Navarra, cura de la iglesia de San Nicolás de Requena. Por el partido de Huete
participaban en la reunión las siguientes personas: Diego de Parada y Bustos,
miembro del claustro de la universidad de Alcalá, y Juan Antonio Domínguez y
Juan José Martínez Toledano, sacerdotes que estaban destinados en las villas de
Leganiel e Illana respectivamente. Finalmente, por el partido de San Clemente,
los administradores de las salinas de Minglanilla y Fuentealbilla, Francisco
Antonio Portillo y Agustin Garrido; Diego Ventura de Mena, conde de Buenavista
Cerro y vecino de Belmonte; Joaquín Melgarejo y Sandoval, caballero de Santiago
y teniente coronel de Infantería retirado en Iniesta; José Lucas Ortega,
abogado de los Reales Consejos y vecino de El Pedernoso; Francisco Belinchón,
vecino de Pinarejo; Juan Caballero Martínez, vecino de Tarazona de la Mancha y
abogado así mismo de los Reales Consejos; Diego de Osma, también abogado y
vecino de Tébar, y Diego de la Torre, maestrante de Ronda y vecino de La Roda[6].
Reunidos todos estos
representantes, decidieron lo siguiente, según consta en el respectivo poder: “Rehunidos los electores de todos los
partidos de esta provincia de Cuenca en el día once del mes de febrero de este
año, habían procedido bajo las reglas establecidas en la instrucción al
nombramiento de los diputados que en nombre y representación de esta provincia
han de concurrir a las Cortes Generales que el Rey nuestro señor don Fernando
Séptimo, y en su nombre la Junta Gubernativa de España e Indias ha mandado
juntar en la isla de León, y se abrirán el día primero de marzo de este año. Y
fueron electos y posteriormente sorteados para diputados a Cortes de esta
provincia los señores don Alonso Núñez de Haro, natural de Villagarcía, don
Felipe Miralles, natural de Cañaveruelas, canónigo penitenciario de la santa
iglesia de Valencia, don Fernando Casado Torres, brigadier de artillería de
marina, natural de la villa de Zafra, don Diego de Parada y Bustos, natural de
la ciudad de Huete, don Diego Ventura de Mena, conde de Buenavista Cerro,
natural de la villa de Belmonte, y don Manuel de Rojas, natural de la villa de
Jorquera, oficial de la secretaría de depósito universal de Hacienda. Y por
suplentes para en su caso, don Pedro Pinuaga, natural de la villa de Castillo
de Garcimuñoz, oidor de la real audiencia de Sevilla, y don José Lucas Ortega,
natural de la villa de Santa María del Campo, como resulta del acta estendida y
testificada por el doctor don Máximo Julián López, del gremio y claustro de la
universidad de Alcalá de Henares, abogado de los Reales Consejos, y primer
secretario de la junta suprema de observancia y defensa de esta ciudad y
provincia.”
Sin embargo, las Cortes
no se reunirían en Cádiz, tal y como se ha dicho, hasta el 24 de septiembre de
ese mismo año. Para entonces, tanto el ayuntamiento como la junta provincial
habían nombrado nuevos representantes, o lo harían en los días siguientes. Así,
el 29 de septiembre, el primero de ellos designaba en tal sentido al arquitecto
iniestense Mateo López, diputado del común, en un sorteo en el que los otros
dos representantes de la terna eran, una vez más, Santiago Antelo y Coronel y
Vicente López Salcedo[7].
Y por parte de la junta de defensa, lo había hecho ya unos días antes, el 3 de
septiembre. En este caso, el elegido era el propio obispo de la diócesis, Ramón
Falcón y Salcedo, y los opositores del sorteo eran otros dos miembros del
cabildo ya conocidos, Guillermo Hualde y Juan José Tenajas, dignidades de
chantre y deán respectivamente[8].
Pero es sabido que
algunos de los diputados que habían sido elegidos por sus respectivas
provincias no pudieron llegar a tomar posesión de su nombramiento, por no haber
podido llegar a Cádiz debido a las circunstancias en las que se encontraba el
país, una gran parte del mismo ocupado por las tropas francesas, siendo
sustituidos algunos de ellos por otros ciudadanos de sus mismas provincias que
ya se encontraban en la ciudad m,editerránea. Por lo que respecta a los
diputados conquenses, el brigadier Fernando Casado Torres de Irala no había
podido presentarse en esta legislatura, o al menos su nombre no figura en el diario
de sesiones. Según su biógrafo, Octavio Cano Huélamo, había sido hecho
prisionero por el enemigo, por no haber querido prestar juramento al rey
intruso, siendo trasladado desde Puerto de Santa María, en donde se encontraba
al inicio de la guerra, a Madrid[9].
Y por lo que se refiere a
Mateo López, quien, como sabemos, había sustituido a Antonio García Gómez, es
bastante clarificador el Diario de Sesiones de las Cortes correspondiente al 17
de marzo de 1813: habiéndose negado éste último a tomar posesión del cargo
correspondiente, quien además había decidido abandonar el país, acompañando a
las tropas francesas, y no siendo admitido como sustituto por las propias
Cortes el propio Mateo López “por no
constar la justa excusa del primer nombrado…el Ayuntamiento había procedido a
nombrar al diputado que correspondía a la ciudad de Cuenca, recayendo su
elección en D. Policarpo Zorraquín”. En efecto, consta también la carta de
poder en favor de éste, uno de los regidores del ayuntamiento, otorgada por el
Ayuntamiento el 14 de enero de ese mismo año.[10] Los máximos
representantes municipales en ese momento eran Ignacio Rodríguez de Fonseca,
como jefe político comisionado, y Feliciano Grande, como alcalde. También los nombres de algunos de sus
regidores habían cambiado en esos pocos años; ahora figuraban como tales,
además del propio Policarpo Zorraquín, los siguientes: Andrés María Cerdán,
Miguel Antonio Arcas, Felipe de la Osa, Antonio Recuenco, Juan Ramón Valiente,
Atanasio Felipe Piquero, Hilarión Muñoz y Lomas, Benito Canales, Domingo
Mendieta y Pedro del Castillo y Ayala. Y como procurador síndico, además del ya
citado Vicente López Salcedo, Luis Gonzaga.
El asunto de la elección
del obispo de Cuenca como diputado a Cortes resulta bastante controvertido.
Aunque Muñoz y Soliva defiende este hecho, y a pesar de que se encuentra, como
hemos visto, entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Cuenca su
nombramiento como diputado[11],
su nombre no aparece nunca entre la nómina de los representantes en Cádiz de la
provincia de Cuenca. Aunque había sido nombrado como representante de la junta
de la provincia, de la cual era presidente, el 26 de octubre de 1810 se pasaba
a la Comisión de Poderes de las Cortes una representación del propio prelado
sobre los poderes que éste había presentado, asunto que sería retomado en la
sesión secreta del 7 de noviembre, aunque el asunto fue diferido para otra
reunión posterior[12].
Las Cortes no aceptaron el nombramiento, por lo que Guillermo Hualde, chantre
de la catedral y residente en ese momento en Cádiz en virtud de su primer
nombramiento como representante de la junta provincial ante la regencia, envió
un recurso en defensa de su prelado, provocando una sonora discusión en la que
participaron algunos de los más destacados liberales de la asamblea, como Ramón
Utges y el propio Agustín Argüelles. El asunto no llegó nunca a cerrarse de
forma definitiva. En este sentido, hubiera resultado positivo el nombramiento
del propio Hualde ante las Cortes, aprovechando así su presencia en la ciudad
mediterránea.
El resto de los diputados
a Cortes sí llegaron a jurar su nombramiento en la ciudad mediterránea, según
hemos podido saber por las anotaciones de los diarios de sesiones. Diego
de Ventura Mena, conde de Buenavista Cerro, en unión con otros diputados, como
los conquenses Diego Parada y Manuel de Rojas, o el valenciano Joaquín Lorenzo
Villanueva, juró su cargo en la sesión nocturna que se celebró el 24 de octubre
de 1810, recién llegados todos ellos a Cádiz en un barco desde el puerto de
Valencia. Los datos que tenemos sobre él son muy escasos, por lo que no es
posible a partir de los propios diarios sacar ninguna conclusión definitiva
sobre su personalidad o su ideología. El 23 de junio de 1811, las Cortes le
concedían una licencia de cuatro meses para viajar a la provincia de Cuenca,
sin informar sobre los motivos que le habían movido a solicitarla. Por otra
parte, el 15 de junio de 1812 fue admitido como uno de los miembros de la
comisión que debía salir a recibir al regente, el duque del Infantado, y la
regencia en pleno, cuando ambos debían presentarse ante las Cortes para prestar
juramento. Sin embargo, dice Federico Suárez que en algunos informes
posteriores se le cita como reiteradamente insultado desde los escaños
liberales, lo que hace suponer que debía ser de filiación conservadora.
Alfonso Núñez de Haro fue
uno de los representantes en Cortes que pudo ya jurar su cargo en la primera
sesión de las mismas, el 24 de septiembre de 1810. Como en el caso anterior,
también a este diputado se le concedió licencia el 3 de abril de 1812 para
viajar, esta vez a Mallorca y a Murcia, con el fin de solucionar algunos
asuntos particulares de su familia. En la sesión correspondiente al 20 de
febrero del año siguiente, se dio por informado al pleno que el conquense había
contestado al jefe político de la isla de tenía pensado cumplir la orden por la
que se mandaba que todos los diputados que por cualquier razón se encontraban
fuera de Cádiz, regresaran lo más pronto posible a la ciudad andaluza. Formó
parte de las comisiones de premios, el 8 de febrero de 1811, y la que debería
examinar el expediente abierto sobre el Consejo Supremo, el 1 de abril de ese
mismo año. Junto a Manuel Rojas, el 8 de abril de 1812 se enfrentó con Antonio
Cano Manuel, fiscal del Consejo Real, por un asunto relativo a dos sobrinos de
éste, que pretendían entrar en el cuerpo de artillería. Sin duda, debíaó ser
familia de otro Alfonso Núñez de Haro y Peralta, nacido también en Villagarcía
del Llano al iniciarse el segundo cuatro de la centuria anterior, que falleció
en Méjico en 1800, después de haber sido nombrado arzobispo de la ciudad
americana y virrey interino de Nueva España.
Diego Parada era sin duda
uno de los descendientes de esta ilustre familia de Huete. Catedrático de
Alcalá, también tuvo que pedir licencia a las Cortes en el mes de julio de
1812, aunque esta vez motivado por razones de salud. Formó parte también de
algunas comisiones: el 14 de abril, para examinar los reglamentos de las
Secretarías de Estado; el 23 de septiembre, para la de inspección del propio
Diario de Cortes; y el 1 de diciembre del año siguiente, para la de la
Biblioteca de Cortes. Por lo que se refiere a Manuel Rojas, consejero de
Estado, también formó parte de algunas comisiones, como la de Hacienda, en
diversas etapas de las Cortes. Debe ser el mismo que, ya con el segundo
apellido, Ortega, figura como suplente en la Junta de Censura de Cuenca, que
fue aprobada por la Junta Suprema de Censura, con el visto bueno de las Cortes,
el 7 de septiembre de 1813.
Mención aparte merece el
diputado Felipe Miralles, canónigo de la catedral y de tendencia liberal. Fue
éste también uno de los que juraron su cargo el 24 de octubre de 1810. Sin
embargo, apenas cinco meses más tarde, en la sesión del 31 de marzo del año
siguiente, se daba cuenta de su fallecimiento, así como de que su sustituto, el
ilustrado militar Fernando Casado Torres, no se había podido presentar, por
hallarse el país ocupado. La situación se complicó aún más por el hecho de que
el segundo suplente, Pedro Pinuaga, también había fallecido. Así pues, le
sustituiría José Lucas Ortega. Como hemos podido ver, Fernando Casado no era,
en esencia, un diputado sustituto; en realidad, había sido nombrado como
diputado titular desde un primer momento, aunque no había podido presentarse en
Cádiz con el resto de sus compañeros.
Por otra parte, el 21 de
marzo de 1811, los miembros de la junta conquense de defensa otorgaron un nuevo
poder en favor de Pedro Nalda, miembro del consejo de Su Majestad y contador
general de pósitos del reino, “para que
en su nombre, y con arreglo a las instrucciones de ella, haga las
reclamaciones, súplicas, y gestiones convenientes ante Su Majestad, el augusto
Congreso de las Cortes generales y extraordinarias del reino, Supremo Consejo
de Regencia, y demás tribunales superiores que necesario fuese, hasta conseguir
los objetos a que se dirijen los desvelos de la junta, que sólo terminan a la
felicidad y bien de esta provincia, pues para todo le dan poder amplio, con
plena, franca, libre general facultad, sin que por falta de expresión,
circunstancia o calidad deje de hacer cosa alguna, pues todo el poder que se
necesita le confieren, sin excepción ni limitación alguna.”[13]
Al mismo tiempo, revocaban los dos poderes anteriores, de fecha 15 y 26 de
febrero, a nombre del chantre de la catedral, Guillermo Hualde.
Juramento de las Cortes de Cádiz
José Casado del Alisal
Congreso de los Diputados. Madrid
En 1813 se constituyó la
nueva legislatura, la que debía proceder al traslado de las Cortes a Madrid,
una vez expulsado del país el ejército invasor. Así, en los primeros días del
mes de abril se reunieron en Cuenca los electores que debían proceder al
nombramiento de los nuevos diputados por la provincia de Cuenca. Muchos de los
nombres de esos electores son diferentes a los que se habían reunido para la
legislatura anterior, especialmente los que representaban al partido de Cuenca.
Así, además del propio jefe político, Ignacio Rodríguez de Fonseca, se encontraban
Manuel González de la Villa, provisor, vicario general y gobernador
eclesiástico de la diócesis, en sustitución del propio prelado, trasladado para
entonces a su señorío de Pareja; Miguel Francisco de Gaona, abogado y vecino de
Villar de Cañas; el también abogado Pedro Antonio González, vecino de Campillo
de Altobuey; y los sacerdotes Nicolás García Page y Máximo Julián López, que
estaban destinados respectivamente en las parroquias de San Andrés y San Nicolás
de la capital. Por el partido de Huete asistieron los ya conocidos Juan Antonio
Domínguez y Juan José Martínez Toledano. Extrañamente, no había ningún
representante por el partido de San Clemente[14].
En aquella reunión se
decidieron los cuatro diputados que debían representar a la provincia de Cuenca
en la nueva legislatura. Los nombres de los cuatro diputados eran todos nuevos,
y algunos de ellos salieron de entre los propios asistentes a la reunión. Dice
así el acta correspondiente, transcrita en el respectivo poder que otra vez se
otorgó ante el mismo notario el día 6 de ese mismo mes: “Habían hecho el nombramiento de los diputados que en nombre y
representación de esta provincia han de concurrir a las Cortes, y que fueron
electos por diputados para ella por esta provincia los señores don Nicolás
García Page, natural del lugar de Ribagorda, aldea de esta ciudad de Cuenca,
cura párroco de San Andrés de ella; don Antonio Quartero, natural de la villa
de Tarazona de la Mancha, partido de San Clemente, residente en Cádiz; don Juan
Antonio Domínguez, natural de la villa de La Parrilla, cura de Leganiel,
partido de Huete; don Andrés Navarro, natural de Rubielos altos, partido de San
Clemente, catedrático que fue de Filosofía Moral en los Estudios de San Isidro [el Real, tachado]; y por suplente para en su caso, don Juan Crisóstomo Ramírez de
Almazán, presbítero, natural de la villa de Aliaguilla.”
Poco es lo que se sabe de
la filiación de Andrés Navarro, más allá de lo que dice en la propia acta de
nombramiento. Éste, igual que Antonio Cuartero, juró ya el 25 de septiembre de
1813, en el transcurso de la última jornada preparatoria para la instalación de
las Cortes ordinarias. Formó parte de la comisión especial para el arreglo del Código
Penal, y también en la de instrucción pública, y en la legislatura de 1814, en
la de reforma del reglamento de Cortes. Y por lo que se refiere a Antonio
Cuartero, fue miembro de diversas comisiones en ambas legislaturas, como la de
Hacienda en 1813 y la de Patrimonio del Rey en 1814, y era de ideología
liberal. En sus memorias, el también diputado liberal Joaquín Lorenzo
Villanueva sigue sus pasos una vez terminada su aventura en las Cortes, después
de la suspensión de éstas. Fue éste uno de los veinticuatro diputados
liberales, junto al citado y al también conquense Nicolás García Page, que
formaba parte de una lista que desde Valencia se había remitido al general Francisco
Eguía el 4 de mayo de aquel año para proceder a su arresto, aunque logró escapar
del país antes de que se procediera a su detención. Por este motivo se le
declaró prófugo, y su causa siguió abierta en rebeldía.
También es compleja la
filiación personal, no ideológica por cuanto también está contrastado su
carácter liberal, del cuarto diputado de las legislaturas de 1813 y 1814, Juan
Antonio Domínguez, que otros historiadores llaman Juan María Domingo o Juan
María Domínguez, problema del que también se hace eco el historiador Francisco
José Fernández de la Cigoña. No obstante, las propias actas, tanto las correspondientes
a este periodo como las de las Cortes del Trienio Liberal, de las que también
fue diputado, resuelven una vez más el problema: se trataba de la misma
persona. Juró su cargo en la sesión correspondiente al día 5 de octubre de
1813.
Mención especial, por su
especial relevancia tanto en las propias Cortes
de 1813 y 1814 como en su posterior devenir histórico, hay que hacer del
cuarto de los diputados conquenses, Nicolás García Page, quien había nacido en
Ribagorda, como ya se ha dicho, en 1771. Elegido como uno de los diputados que
deberían representar a Cuenca en las Cortes de Cádiz, su labor allí fue
bastante importante, formando parte del grupo de diputados liberales, y de
diversas comisiones, entre ellas las de Ultramar y de Instrucción Pública.
Formando parte de ésta última, el 9 de diciembre de 1813 presentó al conjunto
de las Cortes una serie de cinco proposiciones para mejorar este aspecto de la
sociedad, tan abandonada por el poder civil en los años del Antiguo Régimen.
Exigía en ellas la preparación de un plan uniforme, solicitaba asimismo que
hasta la preparación de este plan pudiera regir el que en su día había
preparado el afrancesado marqués de Caballero, que había sido Ministro de
Gracia y Justicia. Asimismo, propugnaba la extensión de dicho plan a los
centros educativos propios de la Iglesia, incluidos los seminarios, obligando a
éstos a dar cuenta al Gobierno de su puesta en ejecución. Finalmente,
solicitaba la publicación de un nuevo catecismo nacional, que debería ser
aprobado por una comisión formada por seis obispos, y solicitaba además el
establecimiento de una junta de censura para la corrección de costumbres, que
debería depender del poder civil.
Dos días más tarde se
admitieron a discusión las cuatro primeras proposiciones, acordándose que fuera
trasladado el debate, para su aprobación definitiva, a la propia Comisión de
Instrucción Pública. Fernández de la Cigoña, que tan crítico es con todo lo
sospechoso de ser susceptible de ser tildado de liberal, considera esta
intervención del diputado conquense como “una
intromisión más del Estado en las competencias de la Iglesia, indicándole cual
debe ser el sistema de enseñanza de las instituciones que ella sostiene para la
formación de sus miembros”. Es evidente que no tiene en cuenta, no sólo el
carácter eclesiástico del autor de estas cinco proposiciones, sino tampoco el
hecho de que en una sociedad laica como la que la nueva España quería ser, a
pesar del carácter confesional de la propia Constitución de 1812, la
instrucción de la sociedad en su conjunto no podía estar ya en manos del poder
eclesiástico, como lo había estado en el Antiguo Régimen, sino en manos del
poder civil, que se quería hacer residir en el propio pueblo.
Una vez terminada la
Guerra de la Independencia, ocupado otra vez el trono por Fernando VII y
traicionados así los liberales por un monarca que quiso hacer tabla rasa de
todo lo que las Cortes habían aprobado, éstos sufrieron una violenta represión,
que les llevó a muchos de ellos al exilio o a las cárceles reales. Junto al
prófugo Andrés Navarro, Nicolás García Page estuvo preso en Madrid cerca de un
año, habiéndole sido confiscados sus bienes y sus rentas; después fue enviado
al convento de franciscanos observantes de Saceda, en la provincia de
Guadalajara, de donde no pudo salir hasta 1820, triunfante la revolución de
Riego. En ese año, su figura fue exaltada por el cuerpo de ingenieros zapadores,
que le visitó en la localidad de Alcalá de Henares, y también, junto a la de
otros políticos liberales, por la Sociedad Patriótica Amigos de la Libertad,
que poco tiempo antes había sido fundada en el madrileño café de Lorenzini. En
esos años fue nombrado canónigo de Cuenca.
Ese año, recuperado el
poder por los liberales, tanto él como Joaquín Lorenzo Villanueva fueron
premiados con una canonjía por la diócesis de Cuenca, aunque ambos volverían a
ser nombrados diputados a Cortes, cargo en el que permanecieron hasta la
derrota liberal de 1823. Derrotado el liberales,p, García Page pasó desde Cádiz
a Gibraltar, salvando de esta forma la vida. Exiliado primero en Francia y más
tarde en Inglaterra, donde estuvo al cargo de una iglesia católica de Londres,
en 1826 pasó desde allí a la isla de Guernsey, y en 1834, fallecido Fernando VII,
pudo regresar a España. Establecido en Madrid, fue abad de Santa Leocadia y
académico de Ciencias Eclesiásticas de San Isidoro. Organizó el Hospital
General de Madrid, y falleció en la capital de España en 1836.
[1] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 76-77v.
[2] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 283-284v.
[3] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 291-293.
[4] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 288-289.
[5] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 290-291v.
[6] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 279-280v.
[7] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 368-369.
[8] Archivo
Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, P-1576, ff. 355-356v.
