UN LIBRO DE JOAQUIN BOSCH SOBRE LOS PELIGROS Y LAS AMENAZAS A LAS QUE HOY SE ENFRENTA LA DEMOCRACIA

 

El libro que voy a comentar en esta entrada, en esencia, no es un libro de historia; no relata hechos del pasado, ni analiza sociedades ya pasadas. Por el contrario, el libro de Joaquim Bosch, “Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial”, es un libro de presente; de un presente que nos afecta a todos, porque esa amenaza a los estados democráticos, creciente en los últimos años, todos debemos sentirla como propia. Hace cien años, el crecimiento del fascismo en buena parte de Europa, y del comunismo, no menos totalitario, en otros países, derivo en una guerra mundial que se llevó por delante la vida de millones de personas. La amenaza actual no es el fascismo, por más que, desde determinados extremos del espectro político, se tiende a tildar de fascistas a todo aquél que no piensa como ellos, trivializando un término que, en todo su significado, es muy peligroso. Sin embargo, las amenazas a las que se enfrentan los sistemas democráticos en pleno siglo XXI son igual de peligrosas que el propio fascismo.

Antes de nada, si queremos comprender cuáles son las amenazas a las que hoy, en pleno siglo XXI, deben enfrentarse los sistemas democráticos, lo primero que debemos tener en cuenta es entender qué es realmente un sistema democrático, pregunta a la que responde el autor del libro de manera elocuente: “No basta con que un Gobierno afirme que el sistema político de su país es democrático para que lo sea. Lo más importante no son las manifestaciones de los dirigentes, sino las prácticas institucionales realizadas. La democracia representativa liberal tiene unos rasgos muy concretos. Y hay amplio consenso entre los especialistas al describir esos aspectos normativos. Las reglas principales de la democracia representativa es que debe existir pluralismo político. Además, han de celebrarse elecciones periódicas, con sufragio universal, de modo que se garantice el derecho al voto de todas las personas, sin discriminación por razón de sexo, etnia o capacidad económica.” En este sentido, algunos países que se autodefinen como democráticos, como algunas republicas hispanoamericanas, en las que no puede garantizarse el derecho al voto de todos los ciudadanos, y en los que tampoco está garantizada la pluralidad política, teniendo en cuenta que los partidos que están fuera del establishment no son autorizados a participar en las votaciones, no son verdaderas democracias.

La democracia contemporánea enfrenta una serie de desafíos que amenazan su estabilidad y eficacia. Entre los peligros más destacados se encuentran el auge de los movimientos ultraconservadores, la desinformación y la manipulación informativa, sobre todo en las redes sociales, y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. En efecto, el ascenso de los partidos de extrema derecha en los últimos años es una realidad muy preocupante en muchos países occidentales. Estos grupos buscan sacudir los cimientos del consenso democrático, promoviendo discursos xenófobos, machistas y regresiones autoritarias. En España, esta tendencia no es ajena, y se observa una creciente presencia de formaciones políticas que cuestionan principios democráticos fundamentales.

Joaquim Bosch, siguiendo a los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblau, indican cuáles son los cuatro indicadores de comportamiento político autoritario que deberían hacer saltar las alarmas en cualquier sistema democrático: “En primer lugar, el rechazo a la débil aceptación de las reglas democráticas del juego, con muestras de no querer acatar las normas constitucionales o los resultados electorales, entre los que se incluye la restricción de derechos y libertades de las minorías. En segundo lugar, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos o la afirmación de que otros partidos no deberían participar de manera plena en la esfera política. En tercer lugar, la tolerancia o el fomento de la violencia, junto a la negativa a condenar los actos agresivos de sus partidarios o a justificarlos. Y en cuarto lugar, la restricción de las libertades de los opositores políticos, con inclusión de los medios de comunicación o de entidades de la sociedad civil.”

Sin embargo, el autor del ensayo parece olvidar otro factor que también está desestabilizando la democracia en muchos países, de manera tan marcada como el avance de la ultraderecha, pero desde el lado opuesto del prisma político: el similar avance de la ultraizquierda en algunos países europeos y, sobre todo, en el continente americano. Y es que, a pesar de la superioridad moral que las izquierdas se atribuyen a sí mismas, ni la derecha tiene la exclusividad sobre la mentira, ni la izquierda tiene la exclusividad sobre la verdad; y mucho menos, cuando hablamos de los postulados más extremos. En este sentido, ya desde el primer capítulo, que el autor dedica a analizar históricamente el defectuoso desarrollo de la democracia en nuestro país, y al hablar de la Segunda República, el magistrado, que critica la espiral de violencia política provocada por la ultraderecha después de la victoria del Frente Popular en 1936 -como si las izquierdas no tuvieran también parte de responsabilidad en aquella ola de sangre y fuego-, obvia por completo lo que supuso el estallido revolucionario de 1934, como factor de desestabilización de un sistema republicano que, desde el principio, no fue tan democrático como algunos quieren ver.

Así pues, no es difícil encontrar las huellas de un doble juego político entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Ambas pugnan por acabar con las democracias; al menos, con las democracias tal y como hoy las conocemos. Son como fuerzas centrífugas, como polos opuestos que se atraen en la forma de concebir el Estado, aunque para ello sigan caminos diferentes. Aunque es cierto que determinados agentes de ultraderecha pueden ser nocivos para la democracia en sus respectivos países, también lo es el hecho de que, en su aceptación por parte de una mayoría de los ciudadanos de sus países ha podido jugar un papel fundamental las políticas, igualmente nocivas, de sus respectivos antecesores, igualmente nocivos, de extrema izquierda. Y no quisiera poner ejemplos concretos, que a todos se nos ocurren.

En efecto, la victoria de las derechas en aquellas elección fueron contestadas, por parte de la izquierda, que ya desde la misma proclamación de la Segunda República había dado muestras de sus verdaderas intenciones, poco democráticas, con un doble proceso revolucionario. Las palabras de uno de los primeros defensores de la implantación de la República, y contrastado demócrata, José Ortega y Gasset, son bastante sintomáticas de la situación en la que se encontraba el país en aquel momento. En efecto, en uno de sus artículos, que tituló, de manera muy sintomática, “No es esto”, publicado en el diario “El Sol” el 9 de septiembre de 1931, ya expresó su preocupación por la falta de autenticidad y moderación en la República. y temía que el radicalismo, que ya empezaba a manifestarse desde el propio Gobierno, terminara por perjudicar el desarrollo futuro de la República. Lamentablemente, los hechos que se sucedieron en los seis años siguientes terminaron por darle la razón al filósofo madrileño.

Volviendo al momento actual, el neocomunismo que propugnan algunos partidos de extrema izquierda, también contribuye a desestabilizar las democracias modernas, como hemos podido ver, sobre todo, en algunos países americanos; también en España, donde el Partido Socialista Obrero Español ha abandonado las posturas socialdemócratas en las que se situó el partido después de congreso de Suresnes, y de las que se benefició todo el país en los años de la Transición, y donde las tensiones entre los dos partidos del Gobierno han venido provocando, en los últimos años, una pérdida paulatina de la salud de nuestro sistema democrático. La gradual colonización de las instituciones y de los otros poderes por parte del ejecutivo, principalmente del judicial, tampoco son ajenos a este hecho.

Tampoco lo son los intentos del Gobierno por callar a periodistas y medios no afines con su pensamiento político. Y no lo son tampoco, finalmente, los intentos de establecer un cordón sanitario contra Vox, que todavía no ha provocado actos contrarios al sistema democrático, por más que deba ser incluido dentro del espectro político de la ultraderecha, al mismo tiempo que mantiene acuerdos políticos con otros grupos políticos, relacionados con el terrorismo de ETA o con el separatismo catalán. Sobre todo, cuando no se le ofrece ninguna alternativa al centro o a la derecha convencional, como sucede en otros países europeos, en los que las dos alas más convencionales y moderadas de la política no tienen problemas en unirse, cuando el resultado en las urnas así lo obliga, impidiendo a los partidos más extremistas a alcanzar posiciones de gobierno.

Al contrario de lo que pasa con algunos tertulianos y opinadores de izquierda, Joaquim Bosch sí intenta encontrar las causas de ese peligroso ascenso de la ultraderecha en muchos países occidentales, y una de esas causas, quizá la más importante, radica en la elevada inmigración descontrolada a la que se enfrentan algunos apíses: “El incremento de la movilidad humana, favorecida igualmente por las innovaciones tecnológicas, chocó con la precarización que sufrían los países de acogida. Y se acentuaron las actitudes de rechazo hacia la inmigración. Como explicó  Zygmunt Bauman, la manipulación de la incertidumbre favoreció que las iras por la gestión de la mala situación económica se desviaran hacia los extranjeros. Todo ello fue posible por la incapacidad del sistema democrático de modular esas desigualdades, o de implementar medidas de protección de los nacionales y de integración de los inmigrantes. Mientras tanto, la misma revolución digital que había propiciado todo tipo de transformaciones económicas también empezó a incidir en el debate político y en la discusión colectiva, a través de formatos que auspiciaron la implantación progresiva de la extrema derecha.”

Si en esencia las palabras del magistrado son ciertas, también lo es que, en determinadas circunstancias, se quedan cortas. Si bien es cierto que la inmigración no tiene por qué ser un riesgo para la democracia del país de acogida, que no lo es, la inmigración ilegal y descontrolada, sí puede llegar a serlo. En efecto, las sociedades receptoras de esos grandes grupos de inmigrantes, en ocasiones descontrolados, en esencia las europeas o la norteamericana, pueden sentirse desprotegidos. En efecto, muchas ciudades europeas, sobre todo en las grandes ciudades, aquellas que más problemas tienen de superpoblación, la inmigración ha llegado a alcanzar cotas tan altas, que la población oriunda es incapaz de absorber. En muchas de esa ciudades hay barrios enteros poblados casi íntegramente por inmigrantes, que viven arracimados en guetos, en malas condiciones higiénicas y sanitarias, en los que, además, se ha producido un elevado incremento de la delincuencia. Un paradigma, en este sentido, puede ser el barrio parisino de La Chapelle, ubicado en el distrito 18 de la ciudad del Sena, en el que los inmigrantes procedentes del norte de África son una inmensa mayoría, pero el problema puede extenderse también a otras grandes ciudades europeas. Así, la sociedad receptora puede llegar a sentir que las políticas sociales se hacen para beneficiar al inmigrante y perjudicar al nacional. Y a esa sensación de inseguridad contribuye también el miedo al terrorismo islámico, y a perder la propia identidad cultural.

La desconfianza ciudadana hacia las instituciones es otro factor que debilita la democracia. Casos de corrupción, percepciones de ineficacia gubernamental y la sensación de que las élites políticas están desconectadas de las necesidades reales de la población alimentan el descontento y la apatía política. Este desencanto facilita el terreno para discursos populistas que prometen soluciones rápidas, pero que a menudo carecen de fundamentos sólidos y pueden derivar en prácticas autoritarias. La desinformación y la propagación de noticias falsas a través de las redes sociales agravan esta situación. Plataformas digitales, en ocasiones, facilitan la difusión de bulos y mensajes de odio que polarizan a la sociedad y erosionan la confianza en el sistema democrático. Figuras influyentes y multimillonarios propietarios de estas plataformas son señalados como actores que, con fines lucrativos, promueven la polarización y el odio, poniendo en riesgo la cohesión social y los valores democráticos.

En su libro "Jaque a la democracia", el magistrado Joaquim Bosch analiza estos peligros y destaca la necesidad de fortalecer los principios democráticos para contrarrestar la deriva autoritaria. Bosch subraya la importancia de identificar las dinámicas y los intereses de los grupos ultraconservadores que buscan debilitar la democracia desde dentro. Además, propone una reflexión profunda sobre las carencias del sistema democrático actual y la implementación de instrumentos adecuados que permitan mejorar la calidad democrática. Bosch también enfatiza la relevancia de una ciudadanía informada y participativa como pilar fundamental para la defensa de la democracia. Aboga por una mayor transparencia en las instituciones, la promoción de una cultura política basada en el respeto y la tolerancia, y la necesidad de regular las plataformas digitales para evitar la difusión de desinformación y discursos de odio.

En resumen, la democracia actual enfrenta amenazas significativas que requieren una respuesta decidida y consciente. La obra de Joaquim Bosch ofrece un análisis detallado de estos desafíos y propone vías para fortalecer el sistema democrático, enfatizando la importancia de una ciudadanía activa y de instituciones sólidas y transparentes. Para estabilizar la democracia y el estado del bienestar, el autor nos ofrece una receta lógica: desconfiar de las proclamas de todos los partidos de ultraderecha, pero también de ultraizquierda, de conseguir el estado perfecto, porque el estado perfecto no deja de ser, como en el libro de Tomás Moro, una utopía. Recojo, en este sentido, las palabras del propio Bosch: “Esa apuesta por la sociedad perfecta ha sido la promesa habitual de todo tipo de movimientos totalitarios, que han acabado empeorando los males que prometían solucionar. No debemos esperar que la democracia nos traiga el paraíso, pero sí reivindicar que evite la llagada del infierno. Sólo un conjunto de seres perfectos puede constituir un estado de perfección. Los humanos somos falibles, y por eso las democracias siempre serán imperfectas. Hay que cuidarlas, renovarlas y actualizarlas constantemente. Además, siempre que se obtienen progresos suelen aparecer nuevos problemas, desajustes o perturbaciones, que hay que volver a resolver. Y así sucesivamente.” En fin, y como ya dijera en su momento Winston Churchill, "la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, a excepción de todos los demás".

El podcast de Clio: LOS PELIGROS Y LAS AMENAZAS DE LA CEMOCRACIA MODERNA

La Ley de Memoria Democrática, una ley poco democrática

 

               En uno de sus libros, “Un millón de gotas”, el escritor de novela policiaca Víctor del Árbol entremezcla un argumento actual, el de la trata de blancas y la prostitución infantil, con el pasado de algunos de sus protagonistas, un pasado duro, trágico, en las estepas de la Rusia soviética. La tragedia de Nazino, en la que esos personajes lograron salvar sus vidas a costa de perder su propia integridad como personas, existió realmente, a pesar de que no son muchos los que la conocen; probablemente, si los verdugos hubieran sido nazis y no los comunistas de la URSS, esa losa en la historia de la humanidad sería mucho más conocida por el conjunto de la sociedad. Se trata de una tragedia real, una deportación en masa en la que llegaron a perder la vida alrededor de cuatro mil personas, las dos terceras partes de los prisioneros que fueron enviados allí por el Politburó soviético, muchos de ellos, la mayoría, acusados sólo de delitos políticos. Los hechos ocurrieron en 1933, y tuvieron lugar en la isla de Nazino, en la Siberia occidental, a unos ochocientos kilómetros de la ciudad de Tomsk, en la confluencia de los ríos Ob y Nazina. Actualmente es conocida como la isla de la muerte, o la isla de los caníbales, sobrenombres ambos que por sí mismo son suficientemente reveladores de lo que sucedió allí en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, durante la dictadura stalinista. Quien desee profundizar más en este doloroso asunto, del que prefieren olvidarse los defensores de la actual Ley de Memoria Histórica, sólo tienen que hacer una rápida búsqueda en internet, pulsando en el buscador la palabra “Nazino”. En pocos segundos, tendrá ante sus ojos la realidad histórica de todos esos crímenes.  Un resumen de poco más de seis minutos de dirección se puede ver en el siguiente video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3ab4b8dIM88&feature=youtu.be.

               

           La tragedia de Nazino puede ser comparable con otros crímenes comunistas, como los  del bosque de Katyn, en Polonia, del que ya hemos hablado suficientemente en otra de las entradas de este mismo blog. Y la quiero poner en relación con la nueva Ley de Memoria Democrática, una vuelta de tuerca más del actual gobierno socialista filocomunista a la ya de por sí ideologizada Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Es cierto que todos los españoles tenemos derecho a recuperar la memoria de nuestros abuelos, y también sus cuerpos, en el caso de que aún se encuentren abandonados en las cunetas o en fosas comunes, pero no es necesario para ello redactar una nueva ley que, sin solucionar en realidad el problema de los cadáveres abandonados, ha seguido polarizando a la sociedad española; una sociedad que, por otra parte, tiene hoy en día problemas mucho más acuciantes a los que acudir. Una ley que divide a los españoles en buenos y malos. Una ley que pretende recuperar la memoria republicana, pero olvida que esa república no fue, ni mucho menos, ese reino de Utopía del que hablaban los filósofos ilustrados.

               Por el contrario, la Segunda República española fue un régimen revolucionario y, en muchos momentos, un régimen cercano incluso al totalitarismo, como se demostró cuando los partidos de derecha lograron alcanzar el poder. En 1934, las izquierdas revolucionarias, que eran prácticamente todas las izquierdas del espectro político, incluido también el partido socialista, ese mismo partido que ahora nos pretende dar a todos los españoles sus lecciones de democracia, se pusieron a la cabeza de la llamada “Revolución de Octubre” con el fin de acabar con el régimen legalmente constituido en las urnas. Y una vez aprendida la lección, dos años más tarde, en 1936, no tuvieron problemas en agitar las nuevas elecciones que habían sido convocadas con el fin de recuperar el poder. Sólo hay que leer algunas de las manifestaciones públicas de sus dirigentes para darse uno cuenta de hasta qué punto ello fue así.

               Afirmar que en España también hubo un Nazino sería, desde luego, una exageración; y sin embargo, sí es cierto que en nuestro país también existieron los campos de concentración, o los campos de trabajo, como entonces lo llamaban eufemísticamente. Como el de Albatera, en la provincia de Alicante, que no había sido inaugurado por los vencedores de Franco una vez terminada la guerra, como algunos creen, sino que fue inaugurado algún tiempo antes, en octubre de 1937, por el ministro de justicia del gobierno republicano, el nacionalista vasco Manuel de Irujo. Sobre este lugar, y sobre el resto de los campos de concentración que los republicanos estaban creando entonces en distintos puntos de España, el que en ese momento era director de prisiones, el socialista Vicente Sol, manifestó lo siguiente: “Por decreto de 26 de diciembre de 1936, se crearon los campos de trabajo, que significaron una noble innovación en el régimen penitenciario español, haciendo que el recluso se gane con su esfuerzo lo que cuesta sostener al Estado, y se reivindique por el único sistema que puede tener un hombre para hacerlo, es decir, por medio del trabajo… Dentro de diez o quince días, habrá allí dos o tres mil hombres trabajando.”

               ¿Qué pensaría el lector si alguien pretendiera defender los campos de concentración de la Alemania nazi con estas mismas palabras? Y sin embargo, también de esta forma algunos partidarios del régimen de Hitler hicieron alguna vez algo parecido. Porque estos campos de concentración como el de Albatera estaban pensados para albergar en su interior a los presos que eran condenados por los Tribunales Especiales Populares, que estaban caracterizados por la escasa o nula garantía que presentaban para los procesados, y habían sido creados para juzgar delitos de rebelión, sedición y desafección al régimen, delitos en sí mismos puramente ideológicos, y por lo tanto, escasamente democráticos, en una ya poco democrática Segunda República. Una ley, la de la creación de estos centros, por otra parte, que fue firmada por el propio Manuel Azaña, presidente de la República, y por el socialista Francisco Largo Caballero, como presidente del Consejo de Ministros. Y si bien es cierto que en ese momento ya había estallado la Guerra Civil, y que por ello podía ponerse como escusa la situación bélica en la que en ese momento se encontraba el país, lo cierto es que la persecución contra los partidarios de las derechas y contra los supuestos “enemigos del régimen”, una categoría en la que podía entrar, y de hecho entraba, cualquier persona que no fuera un abierto defensor de los partidos de izquierda, había empezado ya desde mucho tiempo antes.

               En la sociedad actual está permitido criticar al régimen nazi, y eso es lógico y bueno; pero no está permitido criticar al régimen comunista, causante a lo largo de la historia de tantos crímenes como el nazismo, y eso no está tan bien. No se trata, en realidad, de poner más muertos en la balanza, pues los dos son regímenes totalitarios, y cuentan con millones de muertos a sus espaldas. Stalin no fue un verso suelto, un apéndice trágico y cruel, pero único, del comunismo, y sólo hace falta hacer un repaso rápido por la historia del siglo XX para comprobarlo. Sólo durante los primeros meses de la revolución soviética fueron ejecutadas más personas en el país de los zares que durante los dos o tres siglos anteriores. En China, la revolución cultural de Mao Zedong, no tan cultural como oficialmente se pretendió, llevó al presidio o la muerte a varios millones de personas, llevando a cabo también algunas masacres tan dolorosas y cruentas como las de Katyn y Nazino (masacre de Guangxi, incidente de Mongolia interior,…) En Camboya, los Jemeres Rojos de Pol Pot protagonizaron uno de los más cruentos genocidios en el continente asiático, con una cifra de muertos que oscila, según las fuentes, entre un millón y medio y tres millones de personas. Y en el continente americano, en países como Cuba o Nicaragua, los regímenes comunistas de Castro o de Ortega también han protagonizado en los últimos cincuenta o sesenta años la muerte o la huida del país de millones de opositores al régimen.

               También en España, en los años previos al estallido de la Guerra Civil y durante todo el conflicto bélico, también fueron muchos los ejecutados, directamente por el gobierno republicano en muchos casos, o por los mili8cianos anarquistas, comunistas y socialistas en otras ocasiones. Y todo aquello se hizo en connivencia con el gobierno soviético, porque en España, Alexander Orlov, ya incluso desde antes de la Guerra Civil se había convertido en los ojos y los oídos del propio Stalin, y gracias a él, no se movía una hoja de un árbol en el gobierno de la república sin que el partido de Moscú no lo supiera.

Todos estos sucesos son, es verdad, producto del pasado, aunque de un pasado muy cercano, tan cercano como los que se pretende juzgar con la nueva Ley de Memoria Democrática; algunos de ellos incluso más que los que sucedieron en España, y que se pretenden todavía juzgar por la nueva ley. Pero incluso en pleno siglo XXI, el propio Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez en el régimen comunista venezolano, tan admirado por los dirigentes neocomunistas españoles como Pablo Iglesias, Pablo Echenique o Íñigo Errejón, ha sido acusado por la Organización de Naciones Unidad de crímen de lesa humanidad. La acusación es muy reciente, tan reciente como que está fechada en este mismo mes de septiembre. Entre otros asuntos, el informe correspondiente, realizado por un equipo que estaba dirigido por la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidente de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, informó de más de cuatrocientas ejecuciones extrajudiciales constatadas, así como de multitud de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, con empleo de tortura, y tratos crueles ,realizados a los “enemigos del régimen” desde el año 2014 hasta la actualidad.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con la gran cantidad de crímenes de la banda terrorista ETA que hoy en día siguen sin resolver? Para solucionar el problema se creó una fiscalía especial, que sin embargo  todavía no ha resuelto ni siquiera un solo caso ¿Inoperancia de dicha fiscalía, u órdenes desde el propio gobierno socialista? Pero lo peor de la nueva ley que se pretende aprobar no es eso; no es el dividir a la sociedad en buenos y malos dependiendo del polo, positivo o negativo, o del lado del espectro de la sociedad a la que cada uno pertenezca. Lo peor es que se crea, además, un nuevo espacio para la censura, al querer dar al gobierno las prerrogativas de poder decidir en todo momento lo que puede o no puede ser publicado, al poder vincularse ello con un posible delito de apología del fascismo. De esta manera, se coarta la labor de los periodistas y de los historiadores, que ya no podrán recuperar esa parte del pasado que pudiera ser crítica con el pensamiento único comunista. Muchos expertos en derecho constitucional han manifestado su oposición a la nueva ley, que consideran anticonstitucional. Po ello, hay que afirmar con Roberto Blanco, catedrático de la materia en la Universidad de Santiago de Compostela, que “el gobierno no está para reescribir libros de historia; eso corresponde a los historiadores.”

Finalmente, hay que destacar que la ley, además, es una crítica abierta a nuestra transición democrática, una transición que, por otra parte, ha sido puesta como ejemplo para otros procesos políticos similares en muchas partes del mundo. Hace sólo unos días, Juan Eslava Galán, en un artículo publicado en ABC, es muy clarificador de lo que la ley pretende, y respecto a su papel como crítica de la transición, dice lo siguiente: ”La Ley de la Memoria Democrática con la que ahora nos obsequian pretende ampliar el objetivo para que la Ley de Memoria Histórica zapateril no se limite a la Guerra Civil y la dictadura, sino que «ponga en valor la historia democrática del país». Bajo la nueva ocurrencia se intenta anular la concordia a la que fuerzas de izquierda y derecha llegaron en 1978 y refundar nuestra democracia sobre nuevas bases, a saber: que aquello no está olvidado y que la derecha actual sigue arrastrando, como Caín, el estigma de su fratricidio esa mancha indeleble heredada del franquismo.”[1]

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[1] El artículo fue publicado el 23 de septiembre de2020 en la Tercera de ABC. Para acceder a su lectura completa, puede pinchar en el siguiente enlace: https://www.abc.es/opinion/abci-juan-eslava-galan-conejos-y-conejas-iriarte-202009222254_noticia.html.